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Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (LSE), los secretos profesionales se regulaban brevemente a través de la Ley de Competencia Desleal.
El secreto empresarial o profesional se diferencia de otros por limitarse a cualquier información o conocimiento en el ámbito de la empresa, inclusive de carácter tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, siempre y cuando se reúnan las siguientes características:
En el marco de cualquier relación laboral, atendiendo a la buena fe contractual, el trabajador se encuentra sujeto a un deber de confidencialidad.
No obstante, la confidencialidad no puede extenderse al uso de la experiencia y las capacidades de los trabajadores una vez finalizada la relación laboral, ya que con este pretexto se estarían limitando sus derechos.
Habrá que analizar caso por caso qué puede ser considerado experiencia o competencia del trabajador y qué secreto profesional de la empresa. En general, la información que el trabajador no pueda retener en su memoria se considerará secreto profesional.
La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales define aquellas conductas que podrían considerarse ilícitas y las que no. Según la LSE no se considera como violación del secreto profesional la información obtenida en las siguientes condiciones:
Por contraste, se consideran potencialmente ilícitos los siguientes supuestos:
En esta ley se suprime el requisito del lucro, es decir, estas conductas serán reprobables aunque no haya ánimo de obtener un provecho propio o de terceros.
La nueva normativa nos delimita toda una serie de acciones civiles para defender los secretos profesionales. Algunos ejemplos son: la indemnización por daños y perjuicios; la prohibición de fabricar, comercializar o utilizar mercancías infractoras; la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, etc.
La Ley de secretos empresariales también nos proporciona instrumentos procesales específicos como: competencia de los Juzgados de lo Mercantil, la adopción de medidas para preservar la confidencialidad de la información, como limitar las personas que pueden tener acceso a la información o asistencia al juicio, etc.
Es importante destacar que las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben a los tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.
Si crees que se ha vulnerado algún secreto de tu empresa, contacta con nuestro equipo de abogados para que te asesore sobre las posibles medidas legales que adoptar.
