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El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987 de 18 de diciembre. Actualización 8 de marzo de 2017) es un tributo que se encarga de gravar las adquisiciones patrimoniales derivadas de una aceptación de herencia o una donación.
El impuesto de Sucesiones y Donaciones es un impuesto estatal, excepto en País Vasco y Navarra, pero regulado por las comunidades autónomas, por lo que cada una de ellas tiene la posibilidad de determinar el tipo impositivo y las bonificaciones a aplicar, por lo que en función de donde reside el fallecido o donante se abonará una cantidad u otra por este impuesto.
Desde el punto de vista de la libre circulación de capitales establecida en la Unión Europea, este trato fiscal diferenciado supone una discriminación cuando el fallecido o donatario no reside en territorio español o es el bien heredado o donado el que se sitúa fuera de aquel.
Respecto a las sucesiones, por ejemplo, en Cataluña o Madrid se realizan bonificaciones sobre el Impuesto de Sucesiones que van del 99% al 53,37%, en función del grado de parentesco. En cambio, en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Aragón o Extremadura heredar o donar resulta mucho más costoso.
En cuanto a las donaciones, en Comunidad de Madrid hay una bonificación del 99,9% del Impuesto sobre Donaciones, mientras que en Cataluña, Asturias y en la mayoría de comunidades autónomas restantes las bonificaciones son mínimas.
La sentencia del tribunal de justicia de la UE del 3 de septiembre de 2014, establece que efectivamente se produce un trato discriminatorio entre aquellas personas residentes en una determinada comunidad autónoma y que tienen derecho a exenciones, y aquellos que o bien no residen en territorio español o el bien se encuentra fuera de éste. A unos les será aplicable las bonificaciones y exenciones fiscales y a los otros no.
La Unión Europea insta a la Administración Central a cambiar la legislación actual y realizar las modificaciones necesarias con tal de que las Comunidades Autónomas no hagan un trato discriminatorio en este sentido, entendiéndose dicha actuación como una restricción a los movimientos de capitales. Para ello, la sentencia exige la indemnización de aquellos sujetos que se han visto perjudicados por esta ley, a saber, los causahabientes, causantes y donatarios no residentes en España, así como entre las donaciones de bienes inmuebles situados fuera y dentro del territorio español.
La resolución ha provocado una oleada de impugnaciones de las autoliquidaciones del Impuesto de sucesiones y donaciones presentadas por residentes en España y ciudadanos comunitarios, con el objetivo de solicitar la igualdad de trato y la devolución de los pagos realizados de más.
En caso que hayas pagado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sin poder beneficiarte del tipo impositivo o de las bonificaciones de tu Comunidad Autónoma, esta sentencia posibilita la reclamación de los importes que hayas pagado indebidamente así como los intereses de demora.
