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El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre de 2020 el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Este anteproyecto está basado en tres ejes de actuación y pretende dar respuesta a los desafíos surgidos a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
El primero de los tres ejes en los que está basado este Anteproyecto es el de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).
Los MASC tienen como objetivo descargar el sistema judicial que actualmente está saturado y recuperar la capacidad negociadora de las partes, introduciendo medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos.
Se prevé la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar su uso, se establece que la demanda debe ir acompañada con el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial.
El acuerdo alcanzado a través del MASC tendrá la misma validez que si lo hubiera resuelto un juez. No se podrá volver a presentar demanda por el mismo objeto.
La reforma de leyes procesales es el segundo eje del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal. Se potenciarán las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización.
Se ampliará el ámbito de aplicación del juicio verbal, por elevación de cuantía y especialidad material.
En materia de condiciones generales de la contratación (consumidores y usuarios) se introduce el procedimiento testigo para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa.
Finalmente, se modifica el recurso de casación civil, dándole el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.
El tercer y último eje clave es el referente a la transformación digital. Este avance evitará los desplazamientos a las sedes judiciales y permitirá que toda la tramitación sea más ágil.
Se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autentificación para adaptarnos a la legislación europea y se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia.
Además, también se impulsará un registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá el otorgamiento telemático.
En conclusión, con estas medidas se pretende garantizar los altos estándares de calidad, optimizar los recursos existentes, agilizar los procesos de forma eficiente y eficaz, y reforzar la seguridad jurídica.
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